¿Eres pyme y todavía estás esperando que el Estado te pague un trabajo?
Como proveedor del Estado, habrás notado que el sector público es un cliente que sí paga, solo que sus plazos, a veces, son más extensos que lo que acomoda a una pyme.
En Logros Servicios Financieros conocemos bien cómo funciona el Estado como pagador. Te explicamos cómo preparar a tu pyme y te apoyamos con el factoring.
El Estado es pagador, es decir, es un cliente que contrae deuda con sus proveedores y que pasado un tiempo salda lo que debe.
Simplemente, lo hace en un plazo que muchas veces no se ajusta a los requerimientos de la pequeña y mediana empresa proveedora. No obstante, ser proveedor del Estado es beneficioso para las pymes porque es un pago seguro.
¿Por qué el Estado paga en tiempos diferentes a la necesidad de tu empresa?
Son tres las razones por qué el Estado tiene tiempos distintos para pagar:
-
Administración
-
Estacionalidad
-
Coyuntura
La principal razón es la administración del Estado. El sector público por ley debe cumplir una serie de normas, procesos, y trámites para gestionar sus proyectos y tareas.
Por mucho que los contratos se repitan en el tiempo, el proyecto sea igual que anteriores, o sea la misma gente la que encarga el trabajo, hay que cumplir con la jerarquía y los mismos trámites.
Esto ocurre sea que la pyme obtuvo una licitación pública, trato directo, compra directa o mediante orden de compra.
Las siguientes razones son variables:
- La estacionalidad responde a que cuando hay cambio de año, se alargan los plazos de pago. Entre octubre y noviembre, la administración pública cierra su contabilidad y prepara el presupuesto del año fiscal próximo. Así que toda factura que no sea pagada en esas fechas queda para la segunda quincena de enero y la primera de febrero siguientes.
- Por coyuntura nos referimos a la pandemia, que retrasó muchas inspecciones y gestiones que atrasaron las autorizaciones para emitir facturas, independiente de si el trabajo estaba hecho o no.
¿Qué hacer si el Estado no se ajusta a tus plazos de pago?
Como cualquier factura, las opciones son limitadas para obtener ese pago en un plazo que acomode a la pyme y así solucionar su falta de liquidez.
La primera alternativa es recurrir a la línea de crédito con el banco, si la pyme cuenta con este acceso. Asimismo, el banco descontará de la cuenta corriente de la empresa el dinero que esta debe en obligaciones financieras.
La segunda opción es adelantar la factura a través de factoring, un tipo de financiamiento cuyo sistema de cobro está acostumbrado a retrasos en los pagos y que reconoce al Estado como un buen pagador. Aquí la pyme se desliga de la cobranza, porque la empresa de factoring se hace cargo de la gestión.
Así lo hacemos en Logros Servicios Financieros. Incluso, podríamos llegar a eximir de responsabilidad a la pyme, dependiendo de cada caso.
Y cuando paga, ¿cómo paga el Estado?
En el último tiempo hemos observado que ocupa cada vez más transferencias electrónicas, aunque el cheque y el vale vista siguen siendo formatos válidos dependiendo de los montos.
¿Conviene a las pymes ser proveedoras del Estado?
Es cierto que puede haber cierta resistencia a trabajar con la administración pública, pero es un pago seguro.
De hecho, en tiempos de crisis, son las obras estatales las que normalmente mantienen a la economía a flote. Cuando la situación económica es normal, las pymes optan entre el Estado y la empresa privada.
No obstante, la pyme debe evaluar si es capaz o no de adecuarse a los plazos de pago del Estado para desarrollarse y crecer.
Afortunadamente, el Estado otorga a las pymes la opción de contratar una póliza de garantía con un seguro, que sale más a cuenta que la boleta con el banco para empresas de este tamaño.
Un pago seguro en tiempos inciertos
Los primeros años de toda pyme son complejos y ambiguos. Cada retraso en sus cuentas por cobrar afecta su liquidez y esto, a su vez, su continuidad operacional.
Pero hasta que el sistema de cobranza de la empresa madure, los atrasos serán parte del día a día. Por eso recomendamos a las pymes que consideren al Estado como cliente.
