El texto, que actualmente está en primer trámite, consta de un artículo único, por lo que podía ser despachado tanto en general como en particular. Comunidad Empresas explica las modificaciones y el camino que debe pasar la Ley antes de ser promulgada:
Igualdad para los negocios
Una de las ideas que se busca integrar al texto es que la ley incluya a todo tipo de empresas, de manera que no se generen discriminaciones que desfavorezcan aún más a las pequeñas. La idea es que obligue a todo tipo de organizaciones -independiente de su tamaño- a pagar a sus proveedores de bienes y servicios, dentro de un plazo de 30 días. Lo importante es que el No Pago durante el período especificado se entenderá como mora y se aplicarán intereses a los deudores.
Otro acuerdo de la Comisión fue enviar un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el que se indique cuántas pymes se han creado en los últimos dos años. La intención es analizar la correlación que podrían tener los atrasos en los pagos con la capacidad de crear nuevos negocios.
Se busca que todo tipo de organizaciones -independiente de su tamaño- pague a sus proveedores dentro de un plazo de 30 días. De esta forma, el No Pago en el período se entenderá como mora y se aplicarán intereses a los deudores.
Próximos pasos para la Ley
La Sala debe autorizar las nuevas disposiciones ingresadas para modificar la Ley de la Comisión. El objetivo es poder trabajar el articulado y, una vez aprobado, que sea visto por la Sala. Se prevé que eso ocurrirá durante la próxima semana.
Asimismo, el senador (DC) Jorge Pizarro, parte de la comisión de economía, afirmó que el proyecto debería ser despachado de la Sala del Senado antes de fin de año.
Sello ProPyme
Mientras se define el proyecto, las Pymes pueden trabajar para entidades que tengan el “Sello ProPyme”. Esta es una certificación que entrega el Estado a grandes entidades (públicas, privadas, con y sin fines de lucro), comprometidas con el pago a tiempo para sus proveedores. Por lo tanto, respetan un plazo máximo de 30 días de corrido.
De esta forma, funciona como un sello que garantiza buenas prácticas en cuanto a la cancelación de productos y/o servicios.